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ANDIMIX.
Optan diputados y senadores luchar contra terrorismo bancario a deudores
Miguel Anguiano
Ante el creciente número de deudores que ya no pueden pagar las tarjetas de crédito bancario, diputados, senadores y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierten a los despachos de abogados, y a las propias instituciones bancarias, que no permitirán el terrorismo que ejercen para intimidar a sus clientes, ni maniobras de presión que se conviertan en calvario familiar.
Lo anterior por el cada vez numeroso paquete de quejas que llegan al Congreso y solicitudes de amparo contra los bancos, pues hay casos de deudores que, al no soportar la presión de los abogados a quienes venden las deudas los bancos, han intentado suicidarse.
Tanto legisladores como ministros advierten de manera insistente que nadie puede despojar de su patrimonio por las deudas de tarjetas de crédito, ni son procedentes las amenazas de otro tipo, pues son cuestiones mercantiles que tienen otro tipo de arreglo.
Por ello, senadores del PRI y del PAN propusieron reformas para sancionar con multas de 900 a tres mil días de salario mínimo a las instituciones crediticias que en la cobranza desplieguen acciones en perjuicio de deudores morosos.
Se trata de castigar actividades como actuar en detrimento de la dignidad de los deudores, comunicarse en un horario nocturno inadecuado, amenazarlos a través de sus familiares, vecinos, amigos o compañeros de trabajo.
También se busca sancionar a las instituciones crediticias que engañen al usuario moroso con el argumento de que su falta de pago podría traducirse en la comisión de un delito, entre otras acciones.
El senador priísta Mario López Valdez y el panista Rubén Camarillo, afirmaron que el otorgamiento de créditos al consumo se ha vuelto una fiesta de irresponsabilidades que es necesario terminar.
Por un lado, indicaron, están las instituciones que privilegian la oferta del dinero plástico, y por el otro clientes deseosos de adquirir bienes o de solventar sus gastos corrientes con las tarjetas de crédito, sin tener capacidad para ello.
López Valdez reconoció el derecho de dichas instituciones para recuperar los recursos que han otorgado a sus clientes, pero las leyes civiles y mercantiles establecen procedimientos claros para reclamar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y de ninguna manera se permiten actos de auténtico terrorismo emocional.
Por ello afirmó que no es válido realizar acciones intimidatorias, que van desde las llamadas telefónicas a medianoche, hasta la colocación de letreros infamantes en el domicilio de los morosos.
Por su parte, Camarillo indicó que esas prácticas no sólo se ejercen contra usuarios de la banca, sino que se han trasladado a la cobranza de créditos otorgados por el Infonavit y el Fovissste, que no fueron concebidas para el lucro sino para la satisfacción de necesidades sociales.
El asunto también se analiza con detenimiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde incluso ya se declaró ilegal que los bancos traspasen deudas a empresas de cobranza y los magistrados advierten que de continuar esa “nefasta” práctica, las propias instituciones corren el riesgo de que miles de personas, aun con capacidad de pago, recurran al amparo y esto se convierta en un auténtico problema de dimensiones mayúsculas.
En este sentido, el mensaje de los ministros es claro, al señalar que es inconstitucional que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida de sus clientes morosos a empresas especializadas en la adquisición de deuda.
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