México, 28 Abr (Notimex).- La epidemia de la influenza porcina que afecta al país "encendió la olla exprés" en San Lázaro y logró lo que no han podido los reclamos ciudadanos: aprobar 20 dictámenes en poco más de dos horas de sesión.
Una jornada atípica en la Cámara de Diputados, en un Salón de Plenos invadido por tapabocas de todos modelos, colores y materiales y donde la prevención ante el contagio del nuevo virus invadió curules y pasillos, pero no logró un prounciamiento de los legisladores respecto a la epidemia.
Reforman Código Penal que tipifica delitos de servidores públicos
México, 28 Abr (Notimex).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 346 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones, el dictamen que reforma el Código Penal Federal, para actualizar y tipificar las conductas delictivas de un servidor público.
Los diputados avalaron que comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público quien realice funciones de un empleo, cargo o comisión después de que se le hubiere comunicado oficialmente que ha sido suspendido, destituido o inhabilitado.
Durante la sesión en San Lázaro, se aprobó que el delito de abuso de autoridad de los servidores públicos, se da "cuando ilícitamente retarde o niegue a particulares la protección o el servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de una solicitud".
Un servidor público comete delito de intimidación cuando utilice la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ella o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta, señala el texto.
Será considerado abuso de funciones de un servidor público, cuando "ilícitamente" otorgue contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, entre otros, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos.
Aprueban diputados Ley que Regula Uso de la Fuerza Pública
México, 28 Abr (Notimex).- En una sesión sin discusiones y en medio de tapabocas por la epidemia de la influenza porcina, se aprobó en la Cámara de Diputados la nueva Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública Federal, que pretende evitar excesos en los operativos policiacos y establecer el armamento que pueden usar en su labor.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro y de manera conjunta con dictámenes en materia de equidad y género, propiedad industrial y de instituciones bancarias, se aprobó la citada reforma por 354 votos a favor y seis abstenciones.
El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y en el mismo se acota el uso de la fuerza pública para evitar que se utilice en contra de movimientos sociales.
En dicha ley "se establece la obligación de las fuerzas policiacas de actuar con respeto a los derechos humanos, otorgar atención médica a detenidos por la fuerza, así como asumir la debida responsabilidad cuando ésta sea ilegítima".
Señala que en ese último caso se debe de "reparar el daño, así como ofrecer un reconocimiento público del abuso y ofrecer una disculpa a los familiares".
Además se define el tipo de armas que las fuerzas públicas federales utilizarían, así como las situaciones en que podrían usarlas, pues estarían obligados a negociar con un presunto infractor de la ley antes de someterlo, detenerlo o incluso disparar en su contra.
También podrían usarse armas de fuego intermedias y letales. En el caso de las primeras se consideran los bastones policiales recto y corto, y las esposas de sujeción de muñecas o tobillos serán considerados equipo de apoyo.
La nueva ley indica que el uso de la fuerza se permitiría por legítima defensa, cumplimiento del deber o someter a una persona que se resista a la detención, prevenir delitos y proteger o defender bienes jurídicos tutelados.
El dictamen indica que la actuación de los cuerpos policiacos no es ajena al estado de Derecho cuando se despliega la fuerza pública, ésta debe sujetarse a principios para evitar un uso excesivo e ilegítimo.
Entre los argumentos se indica que se busca "mantener un equilibrio entre el papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y la administración de justicia, con la protección a los derechos humanos" y para que el ejercicio del poder no se ejerza sin límite alguno.
La intervención policiaca se justificará sólo para "neutralizar la resistencia o agresión de una persona que infrinja o acabe de infringir alguna disposición jurídica y cumplir órdenes" de aprehensión.